La Diputación de Alicante, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) han firmado el convenio de colaboración por el que la institución alicantina asumirá el control e inspección de las depuradoras de la provincia.
Este acuerdo, por el que se delegan las competencias en la institución alicantina, tiene validez hasta 2030 y los gastos por la prestación del servicio serán sufragados por la EPSAR con 11,2 millones de euros, tal y como se recoge en el convenio suscrito en el Palacio Provincial por el presidente de la Diputación, Toni Pérez, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y el vicepresidente de la EPSAR, Javier Sendra.
“Este convenio, que es histórico, pone de manifiesto la capacidad que tiene la Diputación para atender, como ya ha venido haciendo en los últimos 30 años, el control e inspección de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración que existen en la provincia, en este caso sumando algunas nuevas”, ha manifestado Toni Pérez, quien ha precisado que “serán 188 las instalaciones que vamos a seguir atendiendo con la máxima calidad desde Proaguas y ahora, por fin, con la financiación reconocida por la Generalitat Valenciana”.
En este mismo sentido, el conseller ha destacado el trabajo que realiza la Diputación, así como la colaboración administrativa alcanzada “que mejorará el funcionamiento de la entidad de saneamiento de aguas”. Asimismo, ha señalado que la medida responde a criterios de eficiencia en la gestión pública, ya que la prestación delegada a la Diputación supone un menor coste y, por tanto, generará un ahorro.
La institución provincial desarrollará los trabajos con autonomía en coordinación con la Generalitat y el servicio incluirá, entre otras actuaciones, el control analítico de las instalaciones, la monitorización de la calidad del agua tratada, la supervisión de equipos, el control de fangos, labores de vigilancia ambiental o la supervisión de los trabajos realizados por las empresas explotadoras de las instalaciones.
La EPSAR financiará hasta 2030 con 11.200.359 euros los gastos derivados de los trabajos de control: en 2026 con 2.118.921 euros; en 2027 con 2.177.815 euros; en 2028 con 2.238.366 euros; en 2029 con 2.300.622 euros; y en 2030 con 2.364.633 euros.
