La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha defendido en el pleno de Les Corts que la nueva ley de la Función Pública hará que el papel de la Administración como «motor para la reconstrucción económica y social sea esencial». La consellera ha comparecido este miércoles ante la Cámara autonómica, que celebraba el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley aprobado por el Consell el pasado mes de febrero.
La consellera, en su intervención, ha defendido «la importancia de lo público» como se ha visto durante la pandemia del COVID-19, cuyos estragos «serían peores si no hubiéramos contado con el trabajo del personal» de las distintas administraciones públicas.
No obstante, la consellera ha señalado que la crisis sanitaria «ha desvelado debilidades y carencias del sector público que deben ser corregidas y más aún cundo la pandemia ha generado crecientes demandas sociales que solo la Administración puede satisfacer».
En este sentido, Gabriela Bravo ha asegurado que la nueva Ley de Función Pública «constituye una ventana de oportunidad para la transformación de la Administración pública valenciana en estos tiempos difíciles en los que se requiere, más que nunca, que el sector público lidere el proceso de recuperación de nuestro país».
Durante su intervención, la consellera ha explicado que el nuevo texto normativo se estructura en 11 títulos, con 191 artículos, 29 disposiciones adicionales, 12 transitorias, 1 derogatoria, 4 finales y 5 anexos.
Así, ha asegurado que responde a los pilares básicos de eficiencia, eficacia, profesionalidad, coordinación, transparencia, servicio a la ciudadanía y perspectiva de género en torno a siete ejes: la organización de la Administración de la Generalitat; el personal al servicio de las Administración Publica; la estructura y ordenación del empleo público; el acceso a la función pública; los derechos y deberes del personal empleado público; el régimen de provisión de puestos y movilidad y la perspectiva de género.
El nuevo modelo organizativo
Bravo ha explicado que la norma establece un nuevo modelo organizativo para garantizar más eficacia y eficiencia, ya que se reducen los cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat de los 201 actuales a 91.
Además, incentiva el acceso a la Función Pública porque, tal y como ha alertado la consellera, «necesitamos contratar a más de 5.000 personas en los próximos dos años para evitar que nuestra Administración colapse». Por ese motivo, la nueva norma incorpora cambios para hacer más ágiles los procesos de selección.
Entre estos cambios, la consellera ha destacado que se la ley termina con la inseguridad de los opositores «porque la Generalitat se obliga a sí misma a que los procesos de selección estén concluidos en un plazo máximo de un año desde la convocatoria».
Además, se arbitrarán ayudas económicas, «que ya estamos concediendo, para las personas que tengan un buen expediente académico y que no dispongan de los recursos necesarios para preparar una oposición».
También «se apostará por el turno libre que supondrá, al menos el 50% de las plazas de cada Oferta Pública de Empleo» y para acceder a las bolsas de trabajo, los aspirantes tendrán que haber superado «al menos una prueba del proceso de selección al que se hayan presentado siempre basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad».
La nueva ley también incorpora la figura del personal directivo público profesional «que servirá para corregir una de las debilidades de nuestro sector público», en referencia al déficit de conocimientos de materias relacionadas con la innovación o con las nuevas áreas del conocimiento científico.
También se acota el margen de discrecionalidad para el nombramiento de puestos de libre designación y se crea la Escuela Valenciana de Administración Pública, que sustituirá al antiguo Instituto Valenciano de Administración Pública, que tendrá rango de dirección general, liderará la formación del personal de toda la Administración y del sector público instrumental.
Por último, la norma regula el teletrabajo «garantizando tanto los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como la prestación correcta de los servicios públicos en los mismos términos que la legislación estatal», según ha explicado la consellera.
Una ley que mejora la calidad democrática
Este proyecto de ley también ha sido diseñado para que la Administración valenciana «esté más y mejor preparada para luchar contra la corrupción y prevenir sus efectos», según ha explicado la consellera. Por ello, incluye un régimen de protección para aquel empleado o empleada que denuncie malas prácticas administrativas o corruptas.
Además, gracias a esta ley los valencianos y valencianas «tendrán, por fin, una Función Pública que garantice la atención a la ciudadanía en las dos lenguas oficiales y que ayude a compensar el déficit que todavía tiene el conocimiento y el uso del valenciano, para poder hacer efectivo el derecho recogido en l’Estatut d’Autonomia de que cualquier persona pueda dirigirse y ser atendida en castellano o en valenciano», según Bravo.
El grado de conocimiento se establecerá en el Reglamento atendiendo a los criterios de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones a desarrollar.
Por otra parte, la consellera ha asegurado que la Función Pública «debe ser motor y ejemplo para que la sociedad valenciana sea más igualitaria, porque corregir los efectos de la desigualdad también mejora la eficacia de las políticas públicas y el funcionamiento de la propia Administración».
De esta forma, la nueva norma contempla, entre otras, las siguientes medidas:
· La revisión del uso no sexista del lenguaje y el carácter vinculante de las medidas acordadas en los planes de igualdad.
· La prohibición de la discriminación directa o indirecta tanto en la retribución como en la formación de las plantillas públicas por razón de sexo.
· Medidas que permitan una mayor conciliación entre la vida laboral y la familiar de las plantillas públicas.
· La prohibición de cesar a personal interino o temporal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o si está disfrutando del permiso de maternidad o paternidad.
· La movilidad de las trabajadoras que hayan sufrido violencia de género tanto en el ámbito interno de la Generalitat como con otras administraciones públicas.
Para la consellera, la COVID-19 «sigue aquí y para paliar sus efectos y reparar los daños económicos y sociales que está produciendo habrá que dedicar ingentes recursos internos y externos».
Sin embargo, «tal esfuerzo colectivo y solidario corre el riesgo de llegar tarde, o no llegar nunca si no ponemos al día nuestro sector público». Por ello, esta ley es «una gran oportunidad» para conseguir «una Administración más fuerte, moderna, eficaz y eficiente que nunca para estos tiempos de incertidumbre», ha concluido.
